Como es de público conocimiento, recientemente la saliente Ministra de Salud dictó la resolución Nº 399 invocando “razones de salud pública” para justificar la procedencia de una o más licencias no voluntarias, respecto de  patentes de invención actualmente vigentes. La resolución se basa en el artículo 51 N° 2 de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, y hace referencia a dos patentes que cubren el principio activo Sofosbuvir, registros Nº 49.840 y Nº 51.404, propiedad de Gilead Pharmasset LLC.

Si bien no se menciona expresamente, la justificación de la resolución parece encontrarse en el precio a los cuales se venden los medicamentos que contienen el citado principio activo, necesarios para el tratamiento de la hepatitis C.

Para nuestra Asociación, esta situación es de gran preocupación, ya que, si bien las licencias no voluntarias se encuentran contempladas en la Ley de Propiedad Industrial,  ésta es clara al momento de establecer las condiciones bajo las cuales se puede requerir esta excepción a la regla general de titularidad de la Propiedad Industrial, garantizada en el Artículo 19, N° 25 de la Constitución Política del Estado. En efecto, el número 2 del artículo 51 de la ley 19.039, establece que dicha medida excepcional se justifica “Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declarada por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias”.

La Ley de Propiedad Industrial no deja espacio a interpretaciones al establecer el carácter excepcional de esta figura, que solamente se justifica por conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional. Contrariamente, la resolución N° 399, es vaga al momento de justificar las “razones de salud pública” en el precio de medicamentos disponibles para tratar la hepatitis C. Una justificación tan genérica podría ser aplicable a muchos medicamentos, por lo que la referida resolución abre una puerta peligrosa que podría poner en riesgo los legítimos derechos de los titulares de las patentes.

Esta situación se hace aún más confusa si se considera que paralelamente Chile ha firmado tratados internacionales de comercio abierto, donde el respeto a la Propiedad Industrial, especialmente las patentes de invención, forma una parte esencial.

Esta Asociación reconoce la existencia de las licencias no voluntarias, y de su necesario reconocimiento legal tal como se encuentra en la ley, pero entiende que su aplicación debe ser excepcional, únicamente en circunstancias extremas y en forma absolutamente justificada. En ese marco, un supuesto elevado costo de un medicamento no sería causa suficiente para estimar que estamos frente a “razones de salud pública” que  justifiquen el  otorgamiento de  una  licencia no voluntaria.  Resoluciones  como la indicada ponen en riesgo no solo derechos concedidos a titulares extranjeros sino a todas aquellas empresas, universidades y personas de nuestro país que están haciendo esfuerzos enormes por producir tecnología patentable y que esperan un legítimo retorno por sus esfuerzos.

 

Santiago, 22 de Marzo de 2018